Portada »
🕒 Lectura estimada: 6 min
MinTIC y el Ministerio de Justicia trabajan con operadores móviles para bloquear comunicaciones no autorizadas desde cárceles y frenar extorsiones y delitos en Colombia.
Colombia quiere cerrarle el paso a una de las formas más comunes de delincuencia desde las cárceles: el uso de celulares y comunicaciones no autorizadas para ordenar extorsiones, coordinar delitos y mantener activas redes criminales desde prisión.
El Ministerio TIC y el Ministerio de Justicia se reunieron con operadores móviles para avanzar en medidas que permitan bloquear este tipo de comunicaciones dentro de los establecimientos penitenciarios.
La idea es sencilla en el papel, pero compleja en la práctica: impedir que desde una cárcel se pueda seguir delinquiendo usando redes móviles.
Y sí, en pleno 2026 todavía estamos peleando con ese problema.
La ministra TIC, Alexandra Falla Zerrate, y el ministro de Justicia, Iván Cancino González, lideraron una mesa de trabajo con representantes de operadores móviles como Claro, WOM y otras compañías del sector.
El objetivo fue revisar alternativas técnicas, jurídicas y operativas para bloquear comunicaciones no autorizadas desde centros penitenciarios.
Según el MinTIC, la prioridad es evitar que personas privadas de la libertad usen celulares para ordenar extorsiones y otros delitos desde las cárceles.
Este punto es clave porque el problema no está solo en que haya teléfonos dentro de las prisiones. El verdadero riesgo es que esos equipos se conviertan en herramientas para seguir manejando estructuras criminales.
Uno de los delitos que más preocupa es la extorsión.
Desde cárceles se han ordenado llamadas intimidantes, cobros ilegales, amenazas a comerciantes, familias y ciudadanos, además de coordinaciones con bandas que operan fuera de los centros penitenciarios.
Por eso el Gobierno busca bloquear las comunicaciones ilegales, no simplemente decomisar celulares.
Decomisar equipos ayuda, pero no resuelve todo. Si el ingreso de celulares continúa o si las redes siguen disponibles sin control, el problema vuelve a aparecer.
La apuesta ahora es más amplia: cortar la capacidad de comunicación no autorizada desde adentro.
Aunque suena lógico bloquear llamadas desde las prisiones, técnicamente no es una tarea simple.
Las cárceles no están aisladas del resto de la ciudad. Muchas están cerca de barrios, comercios, vías y viviendas. Si se bloquea mal una señal, se puede afectar a personas que viven o trabajan alrededor.
Ese es uno de los grandes retos.
El Gobierno y los operadores deben encontrar una solución que impida las comunicaciones ilegales dentro de los centros penitenciarios, pero sin dejar sin servicio a comunidades cercanas.
Además, hay retos jurídicos. Cualquier medida debe respetar normas de telecomunicaciones, derechos de usuarios legítimos y protocolos de seguridad.
En pocas palabras: no basta con poner un inhibidor y ya.
Durante la reunión, los representantes de los operadores móviles expusieron sus inquietudes y propuestas frente a las medidas que se están estudiando. También manifestaron disposición para trabajar con las autoridades.
Esto es importante porque las empresas de telecomunicaciones son una pieza central del proceso.
Ellas conocen la infraestructura, la cobertura, los riesgos técnicos y las posibles afectaciones para usuarios externos. Sin ese trabajo conjunto, cualquier solución puede terminar siendo incompleta o generar problemas adicionales.
El MinTIC informó que los detalles de las nuevas medidas serán dados a conocer en los próximos días.
La estrategia no depende solo del MinTIC y el Ministerio de Justicia.
El trabajo también se adelanta de manera articulada con la Policía Nacional y el Ejército Nacional, con el objetivo de frenar estructuras delincuenciales que intentan seguir operando desde las cárceles.
Eso muestra que el problema se está tratando como un asunto de seguridad pública, no solo como un tema técnico de telecomunicaciones.
Porque al final, bloquear una llamada puede ser tan importante como capturar a quien la ordena.
La delincuencia también se adapta.
Hoy un celular dentro de una cárcel puede servir para hacer llamadas, enviar mensajes, coordinar pagos, usar aplicaciones cifradas, mover contactos y mantener comunicación con redes externas.
Por eso la respuesta del Estado también debe ser tecnológica.
No se trata únicamente de más vigilancia física. También se necesitan sistemas de detección, control de señal, monitoreo legal, cooperación con operadores y protocolos claros para actuar sin afectar comunicaciones legítimas.
El reto es encontrar un equilibrio: cerrar la puerta al delito sin romper el servicio para quienes sí usan la red de manera legal.
La intención del Gobierno es clara: impedir que desde prisión se sigan ordenando delitos.
Pero todavía faltan detalles importantes.
¿Qué tipo de tecnología se usará? ¿Será bloqueo de señal, sistemas de detección, geolocalización de comunicaciones no autorizadas o una combinación de medidas? ¿Cómo se evitará afectar a vecinos cercanos a las cárceles? ¿Qué papel tendrán los operadores? ¿Cómo se medirá si la estrategia realmente reduce las extorsiones?
Por ahora, el Gobierno anunció la mesa de trabajo y la definición de compromisos. La implementación será la parte más difícil.
Colombia está preparando nuevas medidas para bloquear comunicaciones no autorizadas desde las cárceles y frenar delitos como la extorsión.
El MinTIC y el Ministerio de Justicia ya trabajan con operadores móviles, Policía y Ejército para definir soluciones técnicas, jurídicas y operativas que permitan cerrar ese canal criminal.
La medida es necesaria, pero debe aplicarse con precisión. Bloquear comunicaciones dentro de una cárcel puede ayudar a proteger a miles de ciudadanos, siempre que no termine afectando a usuarios legítimos en las zonas cercanas.
El mensaje del Gobierno es claro: desde prisión no se puede seguir ordenando el delito.
Y esta ves, la tecnología será parte clave de la respuesta.
james
Recibe noticias, análisis y contenido geek directo en tu bandeja.
Deja tu comentario