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El presidente Gustavo Petro sorprendió al anunciar que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) debe abrir una licitación para el Canal 1
El presidente Gustavo Petro sorprendió al anunciar que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) debe abrir una licitación para el Canal 1, pese a que la concesión actual está vigente hasta 2037. La medida ha generado reacciones encontradas: mientras el Gobierno la presenta como un paso hacia la democratización de la televisión, sus críticos advierten sobre un riesgo de inestabilidad jurídica y de vulneración de la libertad de prensa.
Según Petro, la televisión debe dejar de estar en manos de “potentados económicos” o de influencias gubernamentales directas. El presidente habló de irregularidades en la operación actual del Canal 1, aunque sin precisar detalles, y defendió la creación de un espacio mediático pensado para juventudes, arte y cultura.
Las reacciones no se hicieron esperar. Periodistas y asociaciones como Fenalco calificaron la decisión como un “atentado contra la libertad de prensa”. Ramiro Avendaño, presidente de Plural Comunicaciones —concesionario actual del canal—, aseguró que la concesión tiene plena vigencia legal hasta mayo de 2037 y que no existe sustento jurídico para una terminación anticipada.
Desde mayo, el MinTIC investiga presuntas irregularidades por cambios accionariales dentro de Plural Comunicaciones. Sin embargo, la empresa afirma que estos movimientos están amparados por la ley. La orden presidencial abre así un debate jurídico de gran calado: ¿puede un gobierno revocar o anticipar una concesión sin que medie una falta comprobada?
El futuro del Canal 1 se ha convertido en un punto de tensión entre el Ejecutivo, los medios y el sector privado. Más allá de las diferencias, el caso plantea preguntas sobre el equilibrio entre la búsqueda de una comunicación más plural y la necesidad de respetar las reglas contractuales.
La licitación anticipada podría redefinir el mapa mediático colombiano, pero también encender una batalla legal y política cuyo desenlace marcará un precedente en la relación entre Estado, medios y democracia.
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james
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